Entre 2022 y 2026, el Perú atravesó un proceso progresivo de debilitamiento institucional y retrocesos en derechos humanos: de la crisis entre poderes del Estado a un escenario donde se consolidan condiciones que favorecen la impunidad.

Este recorrido —marcado por represión, criminalización de la protesta, ausencia de sanción y validación normativa de abusos— no es aislado: es una secuencia acumulativa que explica el país que vivimos hoy y el contexto en el que se desarrolla el actual proceso electoral.

En ese punto se sitúa “Mira bien”. En una segunda vuelta decisiva, la campaña plantea: “Ahora que son dos, miremos mejor”. Es un llamado a observar críticamente las opciones en contienda, conectar este proceso con sus impactos reales y activar una ciudadanía que no solo vote, sino que exija y fiscalice.

7 de diciembre de 2022 | Quiebre entre Ejecutivo y Congreso
En un contexto de confrontación sostenida entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, marcada por disputas sobre el ejercicio del poder, el 7 de diciembre de 2022 el presidente Pedro Castillo anunció medidas al margen del orden constitucional; en respuesta, el Congreso procedió a su vacancia y detención ese mismo día. Este quiebre institucional desencadenó protestas a nivel nacional y abrió una crisis política y social con impacto en los derechos humanos.
Indicador: Crisis institucional y protesta social.

Dic. 2022 – mar. 2023 | Uso letal de la fuerza en protestas
En el contexto de movilizaciones sociales, al menos 50 personas murieron —incluidos menores de edad— y más de 1,400 resultaron heridas en regiones como Ayacucho, Juliaca, La Libertad, Cusco, Apurímac y Lima, entre otras. Se documentó el uso de armas de fuego por fuerzas del orden, pese a que los estándares internacionales limitan su uso a situaciones de amenaza a la vida. La ausencia de sanciones oportunas evidencia falta de respuesta estatal.
Indicador: Vulneración del derecho a la vida e integridad personal.

Ene. – Mar. 2023 | Crisis política y social | Uso ilegítimo de la fuerza estatal
En el contexto de movilizaciones sociales, cincuenta personas murieron, entre ellas menores de edad, y al menos 1 400 resultaron heridas, como consecuencia de la represión letal de las fuerzas del orden en Ayacucho, Juliaca, Junín, La Libertad, Cusco, Apurímac y Lima.
Indicador: e vulnera el derecho a la vida e integridad personal y se incumplen normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza.

11–13 de enero de 2023 | Verificación internacional de violaciones
La CIDH realizó una visita a Lima, Ayacucho y Juliaca, donde recogió testimonios y evidencia que confirmaban el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza. Su informe señaló posibles ejecuciones extrajudiciales y responsabilidad estatal, en línea con hallazgos de Amnistía Internacional. La intervención internacional refleja la insuficiencia de mecanismos internos de control.
Indicador: Responsabilidad internacional del Estado.

21 de enero de 2023 | Intervención en la UNMSM y detenciones masivas
Un operativo policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos culminó con la detención de 193 personas vinculadas a movilizaciones. Se reportaron tratos degradantes y ausencia de imputaciones individualizadas en varios casos. Las detenciones masivas sin sustento suficiente evidencian el uso del sistema penal como mecanismo de disuasión de la protesta.
Indicador: Afectación a la libertad personal, reunión y debido proceso.

2023 | Investigación del Congreso a la JNJ
El Congreso inició una investigación sumaria contra miembros de la Junta Nacional de Justicia, órgano encargado de la designación y control de jueces y fiscales. Esta medida se produce en un contexto de graves violaciones de derechos humanos, debilitando garantías de independencia judicial necesarias para investigar abusos estatales.
Indicador: Erosión de la independencia judicial.

2023 | Alertas defensoriales no atendidas
Oficinas de la Defensoría del Pueblo, como la de Ayacucho, emitieron advertencias sobre riesgos de violaciones de derechos humanos durante las protestas. La falta de adopción oportuna de medidas preventivas evidencia incumplimientos en el deber estatal de prevenir daños previsibles.
Indicador: Incumplimiento de la debida diligencia.

19 de julio de 2023 | “Marcha Nacional por justicia”
Familiares de víctimas de la represión se trasladaron a Lima para exigir avances en las investigaciones. La movilización refleja la falta de respuesta efectiva del sistema de justicia y la necesidad de centralizar demandas para ser escuchadas.
Indicador: Limitaciones en el acceso a la justicia.

2024 | Prescripción de crímenes de lesa humanidad (Ley 32107)
Se aprueba una norma que permite la prescripción de crímenes de lesa humanidad anteriores a 2002, afectando procesos por graves violaciones de derechos humanos. Esto contradice estándares internacionales que establecen la imprescriptibilidad de estos delitos.
Indicador: Incumplimiento de obligaciones internacionales.

2024 | Restricciones a la colaboración eficaz (Ley 31990)
Se limita el uso de mecanismos clave para la investigación de corrupción y crimen organizado. Estas restricciones reducen la capacidad del Estado para investigar estructuras complejas y acceder a información relevante.
Indicador: Reducción de la capacidad investigativa estatal.

2024 | Limitaciones a la rendición de cuentas de fuerzas de seguridad
Se aprueban normas que restringen medidas como la detención preliminar de agentes estatales, incluso en casos de graves violaciones. Esto dificulta la actuación del Ministerio Público y limita la posibilidad de investigar con eficacia.
Indicador: Debilitamiento de mecanismos de control.